Avanzan en Comisiones del Congreso de Puebla, Ley Monzón y Ley Ácida, se espera su aprobación en el Pleno.
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla aprobó la iniciativa conocida como “Ley Monzón”.
Dicha reforma al Código Penal y al Código Civil estatal busca retirar la patria potestad a los padres que incurran en los delitos de feminicidio o tentativa de feminicidio, de manera que los hijos menores de edad queden bajo el cuidado de la familia de la víctima.
En caso de ser avalada por el Legislativo, la suspensión al padre de familia de los derechos sobre sus hijos será aplicable desde el momento en que el presunto agresor sea vinculado a proceso por feminicidio o tentativa de este delito, además contempla una pena de ocho años a los funcionarios que sean omisos o entorpezcan la investigación, así como diez años de inhabilitación.
La reforma de ley fue presentada desde julio de 2022 por la diputada Mónica Silva, del Partido del Trabajo (PT), quien consideró necesarios estos cambios a la legislación debido a que “el evento traumático al que son sometidos [los menores] ante la pérdida de su madre es acompañado por una incertidumbre jurídica que los revictimiza, al colocarlos en una especial condición de vulnerabilidad”.
El dictamen sobre la Violencia Ácida también fue aprobada por las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género y se someterá a votación del pleno en la próxima sesión del jueves 2 de marzo.
Los diputados del Congreso de Puebla aprobaron, en comisiones, el dictamen de dicha reforma que impondrá entre 26 hasta 40 años en prisión a las personas que sean declaradas culpables por atacar a una mujer con ácido u otras sustancias abrasivas que dejen lesiones internas o externas y pagar una multa de 34 mil 545 o 69 mil 091 pesos, de acuerdo con los legisladores que concentraron las cinco iniciativas que llegaron al pleno desde septiembre de 2022 impulsadas por diputados del PRI, PAN y Morena.
El dictamen determina que la violencia ácida es “aquel acto que inflige daño no accidental, utilizando la fuerza física o algún tipo de objeto, ácido o sustancia corrosiva cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que en determinadas condiciones puedan provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas”.
Una vez que la reforma sea aprobada por el pleno y sea publicada en el Periódico Oficial del Estado para su entrada en vigor, Mónica Silva dijo que Puebla se convertirá en referencia para el resto de las entidades federativas de México, ya que es el primer estado que cataloga la “Violencia Ácida” como tentativa de feminicidio.
Mónica Silva Ruiz, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, expuso que era necesario equiparar los ataques con ácido con el delito de tentativa de feminicidio, porque las víctimas terminan “muertas en vida” por el impacto que generan las heridas.
Los ajustes provocaron un debate entre los diputados promotores, al acusar errores de redacción, exclusión, omisión y confusión en la interpretación legislativa: se explicó que generalmente los agresores no buscan acabar con la vida de las víctimas, sino marcarlas de por vida, a modo de “condena social”.
“Es la marca de la posesión machista. (…) Los tipos más comunes de ácido usados en este tipo de ataques son el sulfúrico, el nítrico y el hidroclórico. Las consecuencias a largo plazo incluyen ceguera, cicatrices permanentes, y dificultades psicológicas y económicas”.
La Violencia Ácida será considerada a partir de ser aprobada como: “todo acto que causa daño no accidental, por medio del empleo de ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones, pueda provocar o no lesiones internas, externas, o ambas”.
A pesar del avance no se incluyeron reformas a la Ley Estatal de Salud para atender a las víctimas de forma gratuita, como solicitaron sobrevivientes de ataques.
La panista Aurora Sierra celebró que estos ataques se consideren tentativa de feminicidio.
Las diputadas Mónica Rodríguez Della Vecchia e Isabel Merlo Talavera, del PAN y del PRI, respectivamente, resaltaron errores de redacción que podrían afectar la aplicación de la ley.
La sugerencia del priista Néstor Camarillo para titular las reformas con el nombre de alguna de las víctimas causó molestia en los presentes, porque desplazaría el caso con el que se justificó la iniciativa: el de la saxofonista Elena Ríos. La presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, Nora Merino, pidió incluirlas a ambas, sin embargo, Aurora Sierra solicitó que el caso de Elena Ríos fuera el referente.
