Denuncian al Gobierno del estado de Tlaxcala por presuntamente brindarle protección al Secretario de Medio Ambiente por evadir obligaciones alimentarias.

El gobierno del estado de Tlaxcala presedido por Lorena Cuéllar Cisneros enfrenta una denuncia por presuntamente brindar protección a Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Medio Ambiente del Estado, para que evada el pago de obligaciones alimentarias a favor de su hijo de un año y nueve meses de edad, quien además requiere de tratamiento médico.

Pese a que en su toma de protesta, la mandataria ofreció que su gobierno sería un aliado de las mujeres, funcionarios de su administración fueron acusados penalmente por la ex pareja de Ramírez Hernández de presuntamente falsear información a fin de permitir que eluda el monto que debería pagar como pensión al hijo de ambos.

El 13 de febrero, Tania Vianey Rodríguez González, aún esposa del funcionario, denunció ante la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala a Ramiro Vivanco Chedraui, Oficial Mayor del gobierno estatal; a Miriam Montiel, directora de Recursos Humanos y a Jorge Armando Muñoz López, jefe del Departamento de Relaciones Laborales, entre otros, por los delitos de falsedad en informe de autoridad, fraude procesal, obstrucción de la justicia y los que deriven.

Desde diciembre de 2022, un juzgado familiar de Morelos ordenó retener el 35% del sueldo del funcionario para cubrir las necesidades de manutención de su hijo, Ramírez Hernández ha usado sus conexiones políticas para incumplir su responsabilidad, lo que, en los hechos, lo convierte en deudor alimentario.

Con Comprobantes Fiscales Digitales (CDFI) emitidos por el SAT, la entrevistada expone como su ex pareja, secundado por funcionarios del gobierno estatal, ha recurrido a tácticas como reducción de su salario y a reportar retenciones presuntamente ficticias, a fin de disminuir el monto a asignar para la manutención del menor.

Con esto, indica, el servidor público pretende que sólo se le descuente un 7 por ciento de los 84 mil 152 pesos que actualmente gana, que equivalen a 5 mil 754 pesos mensuales, cuando de aplicarse el 35% ordenado por el juzgado familiar se le tendrían que descontar 29 mil 453 pesos.

Además, agrega que el político busca eludir su obligación pese a que sabe que su hijo fue diagnosticado con inmadurez pulmonar y neurológica, por haber nacido prematuro, y por lo cual requiere de estudios, tratamientos y terapias médicas que la madre está económicamente imposibilitada para solventar.

Rodríguez González menciona que también interpuso una denuncia por violencia familiar y otra por amenazas en contra del funcionario, pues dos hombres armados que iban en una motocicleta, la advirtieron que la matarían.

Por el primero de los casos se abrió la Carpeta de Investigación CJM01/1477/2022 en la Agencia del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres de Morelos, y en torno al segundo, se aperturó la CDI SC01/15398/2022. Sólo durante un mes la policía de Morelos le brindó medidas de protección.

Decidió denunciar públicamente su caso, debido a que el mayor temor que tiene es que su aún marido, “por sus influencias políticas”, busque quitarle la custodia del niño.

José Felipe Jasso, abogado de Rodríguez González, considera que la actuación concurrente de jueces y funcionarios de Tlaxcala a favor del secretario del Medio Ambiente evidencian un tráfico de influencias y una línea dictada desde arriba, que “sólo podría provenir de la gobernadora”.

En noviembre de 2022, tras un episodio de agresión, decidió separarse y denunciar a su ahora ex pareja.

El juzgado segundo de lo familiar de Jiutepec, Morelos le otorgó a ella la custodia preventiva del niño, sin permitir visitas a Ramírez Hernández, y ordenó la pensión alimentaria.

El 31 de diciembre, esa autoridad judicial emitió un exhorto al Tribunal de Justicia de Tlaxcala para que notificara a las autoridades correspondientes del gobierno estatal que aplicaran el descuento al salario de Ramírez Hernández a favor del niño y de su madre.

Luego de esto, advierte, “empezó una pesadilla” pues en principio el poder judicial de Tlaxcala dilató el seguimiento del exhorto, por lo que ella tuvo que presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de esta entidad.

En busca de apoyo, entregó una carta dirigida a la gobernadora Lorena Cuéllar en la que le explicaba su situación crítica, que se agravaban por las necesidades de atención médica para su hijo. Además de tener que hacer constantes viajes entre Morelos a Tlaxcala para insistir ante las autoridades que atiendan su caso.

“Tiempo después recibí llamadas de la particular de la gobernadora en donde primero me manda decir que eran temas personales y que ella no se entrometería; en una segunda llamada me dicen que la gobernadora estaba angustiada por el tema de salud de mi hijo y que yo le mandará los estudios y terapias pendientes para ella cubrir los gastos, lo cual nunca ocurrió y una tercera llamada en donde me informan que ya me pagarían la pensión”.

La mujer violentada compartió también que le descontaron de su pago de nómina más de 21 mil pesos de pensión, pues cuando se presentó a cobrar el cheque, le entregaron apenas la cantidad de 5 mil 754.28.

“Me dijeron firme, pero lo que me están entregando no es lo que le están descontando, es decir a mí me corresponden más de 21 mil pesos, pero solo me dan 5 mil”, aseveró Tania Vianey Rodríguez .

Ante la escandalosa situación, el personal de la dirección de recursos humanos del Gobierno del Estado, informó que el funcionario en cuestión tiene otras pensiones.

Lo anterior indica que hay complicidad para encubrir al secretario morenista, ya que el dinero restante se lo estarían regresando para evitar un “desfalco de sus percepciones”.