La empresa del expresidente había sido acusada de proporcionar beneficios extraoficiales a los ejecutivos.
El negocio de bienes raíces de la familia de Donald J. Trump fue condenado este martes por fraude fiscal y otros delitos financieros, una reprimenda notable a la compañía del expresidente y lo que los fiscales describieron como su “cultura de fraude y engaño”.
La condena por los 17 cargos, después de más de un día de deliberaciones del jurado en la Corte Suprema del Estado en Manhattan, fue el resultado de un esquema de larga duración en el que la Organización Trump repartió beneficios de lujo extraoficiales a algunos ejecutivos: recibieron lujosas apartamentos, Mercedes-Benz alquilados, incluso matrícula de escuela privada para familiares, ninguno de los cuales pagaban impuestos.
La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, que lideró el caso contra dos entidades de la Organización Trump, había extraído previamente una declaración de culpabilidad del arquitecto del esquema, Allen H. Weisselberg, el director financiero de la compañía durante mucho tiempo. Weisselberg, uno de los lugartenientes más leales del expresidente, testificó como testigo principal de la acusación, pero nunca implicó a Trump.
Si bien los fiscales no llegaron a acusar al expresidente, dijeron al jurado que pagó personalmente algunos de los beneficios e incluso aprobó un aspecto crucial del plan. La fiscalía también expuso pruebas condenatorias que destacaron la cultura despreocupada de su empresa, revelando que la ilegalidad generalizada se desarrolló bajo las narices de Trump durante años.
La condena de la compañía, junto con la afirmación de la fiscalía en el juicio de que Trump estaba “sancionando explícitamente el fraude fiscal”, ahora podría repercutir en la carrera presidencial de 2024, proporcionando forraje temprano para los opositores y sus anuncios de ataque.
También podría sentar las bases para que la oficina del fiscal de distrito intensifique su investigación criminal más amplia sobre las prácticas comerciales de Trump.
La condena por cargos de fraude fiscal, un esquema para defraudar, conspiración y falsificación de registros comerciales no es una sentencia de muerte para la Organización Trump. La pena máxima a la que se enfrenta es de 1,62 millones de dólares, un error de redondeo para Trump, que normalmente obtuvo cientos de millones de dólares en ingresos durante su presidencia.
El veredicto representa un ajuste de cuentas muy público para la Organización Trump, calificándola para siempre como una empresa criminal.
El expresidente ha culpado de todo a una cacería de brujas por motivos políticos. Pero si bien sus ataques a los fiscales podrían atraer a sus votantes más leales, los prestamistas y el mundo empresarial en general ahora podrían evitar su empresa.
En una declaración posterior al veredicto, la empresa apuntó al Sr. Weisselberg, señalando que «testificó bajo juramento que ‘traicionó’ la confianza que la empresa había depositado en él».
“La noción de que una empresa podría ser considerada responsable de las acciones de un empleado, para beneficiarse a sí misma, en sus propias declaraciones de impuestos personales es simplemente absurda”, dijo la empresa en el comunicado.
